Colombia da un giro a su política migratoria. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas para localizar y deportar a extranjeros que hayan cometido delitos y a personas que permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria.
El cambio representa una modificación significativa frente a la política de integración que Colombia mantuvo durante los últimos años, especialmente con los ciudadanos venezolanos que llegaron al país como consecuencia de la crisis migratoria de Venezuela.
“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó De la Espriella al anunciar las nuevas medidas, en un discurso que refleja el endurecimiento de la posición oficial frente a la migración.
La decisión tiene especial impacto sobre la población venezolana. Colombia es actualmente el principal país receptor de la diáspora venezolana en América Latina y alberga alrededor de 2,84 millones de venezolanos, de acuerdo con cifras de la Plataforma R4V. En el conjunto de América Latina y el Caribe viven cerca de 6,98 millones de refugiados y migrantes venezolanos.
Colombia pasa de la integración a una política migratoria más restrictiva
El giro resulta particularmente relevante porque Colombia había sido considerada durante años un referente regional en materia de regularización e integración de migrantes venezolanos.
En 2021, el país creó el Estatuto Temporal de Protección, una iniciativa que permitió a cientos de miles de venezolanos regularizar su permanencia y acceder a una perspectiva de residencia de hasta diez años.
De los aproximadamente 2,84 millones de venezolanos registrados en Colombia, cerca de 1,97 millones cuentan con un Permiso por Protección Temporal, mientras unos 322.000 permanecen en proceso de regularización y alrededor de 30.000 poseen otro tipo de documentación. Unos 526.725 se encontrarían en situación irregular.
Expertos consultados por DW consideran, sin embargo, que el anuncio no necesariamente significa el abandono inmediato del modelo de integración. También advierten que debe diferenciarse entre una persona que se encuentra en situación migratoria irregular y aquella que ha cometido un delito.
La irregularidad migratoria constituye una falta administrativa y no equivale, por sí misma, a un delito. Especialistas citados por DW alertan además sobre los riesgos de asociar automáticamente migración y delincuencia, debido a que esa narrativa puede incrementar la estigmatización y la xenofobia contra las comunidades migrantes.
El endurecimiento migratorio se extiende por América Latina
El cambio anunciado en Colombia se produce en un contexto regional en el que varios gobiernos han adoptado discursos y medidas más restrictivas frente a la migración.
Analistas citados por DW comparan parte del discurso de De la Espriella con el enfoque de “America First” promovido por Donald Trump en Estados Unidos, particularmente por el énfasis en priorizar a los ciudadanos nacionales y presentar la migración como un problema relacionado con la seguridad.
La tendencia también ha sido observada en países como Chile y Ecuador, donde los gobiernos han impulsado medidas destinadas a reforzar el control migratorio y las deportaciones.
Para especialistas en la materia, América Latina ha pasado de una etapa en la que varios países promovían mecanismos de regularización y protección de los migrantes a otra caracterizada por un mayor énfasis en el control fronterizo, la seguridad y la soberanía nacional.
¿Puede Colombia realizar deportaciones masivas?
El anuncio del Gobierno colombiano plantea además interrogantes sobre la capacidad operativa para ejecutar deportaciones a gran escala.
Expertos citados por DW señalan que Migración Colombia tendría que disponer de mayores recursos humanos, infraestructura y mecanismos de coordinación para desarrollar un proceso masivo de detenciones y retornos.
La extensa frontera entre Colombia y Venezuela constituye otro factor determinante. Ambos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera y mantienen una intensa movilidad de personas, especialmente en las zonas fronterizas.
Por esta razón, especialistas consideran que la realidad de la relación entre Colombia y Venezuela dificulta la aplicación de una política migratoria basada exclusivamente en deportaciones y control fronterizo.
Venezuela será clave para las deportaciones
La eventual ejecución de deportaciones a gran escala también dependerá de la cooperación de Venezuela para recibir a las personas retornadas.
El tema adquiere mayor complejidad debido a que entre los migrantes venezolanos existen personas que abandonaron su país por razones económicas, pero también ciudadanos que buscaron protección internacional ante situaciones de persecución o inseguridad.
Organizaciones y especialistas han advertido que cualquier proceso de retorno debe considerar las condiciones existentes en Venezuela y garantizar que quienes requieran protección puedan acceder a los mecanismos correspondientes.
A esto se suma el futuro del Estatuto Temporal de Protección, cuya vigencia está prevista hasta 2031. Cerca de dos millones de venezolanos que cuentan con el Permiso por Protección Temporal deberán posteriormente encontrar mecanismos ordinarios para regularizar su residencia en Colombia.
El giro de Colombia refleja así un cambio más amplio en la política migratoria de América Latina. Mientras las causas que provocan los movimientos migratorios continúan presentes, varios países de la región endurecen sus controles y reducen las posibilidades de ingreso y permanencia para los migrantes.
El desafío para Colombia será encontrar un equilibrio entre el control migratorio, la seguridad nacional, el cumplimiento de las normas y la protección de los derechos de las personas migrantes, especialmente de la numerosa comunidad venezolana que durante los últimos años encontró en el país uno de sus principales destinos.
