La falta de avances en la discusión de leyes clave volvió a encender el debate en la Asamblea Nacional. El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, denunció que más de 41 proyectos de ley, en su mayoría vinculados a la lucha contra la corrupción, permanecen archivados en la Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho.
Según Duke, el retraso no es técnico sino político. “El cuello de botella está en la comisión y en quien la preside. Si yo fuera presidente, ya se habrían debatido todos los proyectos”, afirmó, apuntando directamente a Camacho por la falta de productividad.
“No hace falta titularlo anticorrupción para que lo sea”
El diputado explicó que muchos proyectos con enfoque anticorrupción no necesariamente llevan ese título, pero buscan frenar el uso indebido de recursos públicos, evitar la prescripción de delitos y recuperar fondos desviados.
“Para mí, anticorrupción es debatir leyes que impidan que altos funcionarios se beneficien del Estado. El panameño está cansado de palabras, quiere resultados”, declaró Duke.
Cifras en disputa
Las declaraciones del diputado contrastan con las del presidente de la comisión, quien sostiene que solo existen 11 proyectos pendientes. Duke asegura, en cambio, que los registros oficiales de la Asamblea muestran 98 proyectos en total, de los cuales 38 están en trámite o en primer debate.
“La comisión ha sido improductiva. Muchos proyectos son los mismos que quedaron pendientes del periodo anterior”, agregó.
Debate sobre procedimientos y bloqueos
Duke también criticó los argumentos procedimentales utilizados para frenar la discusión de proyectos, especialmente los que requieren opinión del procurador. A su juicio, el reglamento interno permite crear una comisión ad hoc y avanzar en el debate sin esperar dichas emisiones.
“Todos los caminos conducen a Camacho. Él decide si se discute o no”, sentenció.
La postura de Vamos: combatir la corrupción desde la acción
El diputado subrayó que la lucha anticorrupción debe verse más allá del discurso y centrarse en reformas legislativas concretas que garanticen transparencia y eficiencia. “Estamos atacando el despilfarro y buscando que el dinero robado regrese al pueblo”, concluyó.
