Bernardo Arévalo: El sistema de integración eléctrica centroamericano lleva ya mucho tiempo. Pero requiere de inversiones para hacer adaptaciones y expansiones para poder responder a los nuevos retos que hay en Centroamérica. Fue diseñado para las necesidades de la década de los 1980. El Global Gateway provee un mecanismo de financiamiento para proyectos regionales de desarrollo que tengan objetivos de bienestar. Son montos considerables y requieren la coordinación entre distintos países. Global Gateway se convierte en un facilitador de inversiones.
Una de las críticas que se le hacen al Global Gateway es que favorece más a las empresas e intereses europeos y no a las poblaciones y a las empresas locales. ¿Usted qué diría con los proyectos que hay para Guatemala?
Todo depende de la forma como se estructura el marco de cooperación. A mí me ha acompañado a Bruselas el ministro de Energía, porque estamos planificando un proyecto de electrificación rural. Es con el Banco Mundial, pero bien cabría en el Global Gateway. Con el Global Gateway estamos preparando uno de economía circular para la cuenca del río Motagua. Se trata de comunidades unidas por la limpieza de un río que ahora tiene niveles absurdos de contaminación de todo tipo, incluyendo la de plásticos. El proyecto incluye la generación de plantas de tratamiento y procesamiento de los plásticos que se vayan capturando. Los beneficios son varios: limpiar la cuenca y las aguas; se espera que el río recupere la vida. Incluso tiene implicaciones internacionales, porque el Motagua desemboca en el mar Caribe. El provecho para las comunidades es evidente.
Quedémonos en el Caribe, donde en este momento se está gestando un conflicto internacional. Allí tendrá lugar, en un mes, la cumbre UE-CELAC. ¿Es el mejor momento para encontrarse en Santa Marta?
La UE y la CELAC se encuentran en el marco de una agenda económica que viene desarrollándose desde hace algún tiempo. Es la cuarta cumbre. Sí que sucede en un momento complejo, en donde hay fenómenos de narcotráfico por rutas aéreas y marítimas. Aunque nosotros creemos que hay que ser enérgicos en la lucha contra el narcotráfico, afirmamos que esto debe ser siempre en el marco de las normas del derecho internacional. La cumbre será un buen momento para reflexionar juntos sobre este nuevo contexto.
Arévalo: ¿cómo está la relación de su país con Washington en plena crisis migratoria?
Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos; establecimos parámetros para acoger a los retornados y definimos nuestra política de «Retorno al hogar». El primero de sus tres componentes es fortalecer la red consular en Estados Unidos. Cuando se sabe que ha habido capturas, los consulados acuden a los centros de detención; han ido también a Alligator Alcatraz, en California, para saber si había ciudadanos guatemaltecos y velar por ellos. El segundo componente es la condición del retorno: que sea en dignidad.
Y el tercero, una estrategia intersectorial que incluye gobierno, organizaciones y sector privado, para facilitar la integración efectiva de personas que lleguen a nuestro país, sea voluntariamente o como efecto de una instrucción judicial por parte de Estados Unidos. Acordamos recibir a todos los guatemaltecos y a los centroamericanos que vayan de camino de regreso a sus respectivos países. Para los nicaragüenses hay la posibilidad de solicitar asilo.
Hay un grupo especial de guatemaltecos que están en Estados Unidos que no pueden regresar porque son perseguidos. Estoy hablando de los operadores de justicia, de los jueces…. dice Arévalo.
Son cosas totalmente diferentes. Las personas que están siendo deportadas han estado en los Estados Unidos por razones de tipo laboral. Aparte, tenemos un exilio que ha optado por refugio como resultado de la persecución y la criminalización que parte del Ministerio Público. Hay una élite político-criminal que continúa agazapada en el aparato de justicia y, efectivamente, criminalizan a defensores, periodistas, operadores de justicia.
Quedémonos en Guatemala. Usted habló en el Global Gateway Forum del crecimiento económico de su país, uno de los mayores de América Latina. No obstante, el índice de pobreza es muy alto, ronda el 57 por ciento. Por otro lado, es una democracia, pero el Poder Judicial está cooptado por élites político-criminales. ¿Cómo explica esto?
Hay explicaciones históricas. Tenemos cuatrocientos años de marginación y exclusión. Y en el aparato de justicia, élites político-criminales llevan décadas en el poder; se apoderaron de las instituciones para poder generar la impunidad que requiere la corrupción como sistema de funcionamiento.
Nosotros fuimos electos con el mandato de rescatar las instituciones de la democracia en Guatemala, de luchar contra la corrupción y poner a las instituciones a dar las respuestas de desarrollo que durante mucho tiempo se negaron: construir escuelas y hospitales, comprar medicinas, ampliar carreteras o dar créditos para la producción. Los fondos del Estado se iban a élites criminales que estaban extendidas a lo largo y ancho del país.
