De cara a las elecciones de 2026, Costa Rica proyecta un récord de cinco candidatas. Sin embargo, si la papeleta incluye los 20 aspirantes ratificados por sus partidos, las mujeres representarían apenas un 25% del total. En 2022, de los 25 contendientes, solo cuatro fueron mujeres, equivalente al 16%. Los números reflejan que la paridad de género aún es una meta pendiente en la lucha por llegar a Zapote.
Desde 1994, cuando la abogada Norma Vargas Duarte rompió la tradición de papeletas exclusivamente masculinas al postularse con el Partido Unión Generaleña, solo 14 mujeres han aspirado a la presidencia. Vargas quedó en quinto lugar, con 2.150 votos (0,14% del total), superando a Holman Esquivel Garrote, candidato del Partido Independiente.
De esas 14 candidatas, únicamente Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), alcanzó la presidencia en 2010, con un 46% de los votos, evitando una segunda vuelta. En los procesos posteriores (2014, 2018 y 2022), la contienda presidencial volvió a requerir balotaje.
Obstáculos estructurales
La politóloga Marcela Piedra señala que la limitada participación femenina responde a factores estructurales: desigual distribución del poder y recursos económicos, carga desproporcionada de las labores de cuidado, falta de paridad en cargos uninominales y violencia política dentro y fuera de los partidos.
“El acceso a financiamiento sigue siendo un obstáculo clave para que las mujeres compitan en igualdad de condiciones”, indicó Piedra. La sobrecarga doméstica obliga a las candidatas a destinar recursos adicionales para delegar esas responsabilidades, limitando su disponibilidad para campañas, reuniones o giras.
Laura Solís, investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), destaca que la política ha sido históricamente un espacio masculino. “Los liderazgos femeninos existen y aportan significativamente, pero los recursos y la toma de decisiones siguen concentrados en figuras masculinas, limitando su visibilidad en los primeros lugares de las papeletas”, explicó.
Costa Rica: Reformas legales y la búsqueda de paridad
A pesar de los avances normativos, la implementación ha sido gradual. En 1996 se introdujo una cuota del 40% para mujeres, que inicialmente los partidos eludían ubicando a candidatas en puestos no elegibles. El Tribunal Supremo de Elecciones corrigió la práctica, exigiendo que la cuota aplicara a cargos efectivamente elegibles y sancionando a los partidos incumplidores.
El Código Electoral de 2009 consolidó la paridad y la alternancia, aplicable de manera horizontal en las provincias y garantizando que la diferencia entre hombres y mujeres no fuera superior a uno.
Actualmente, la Asamblea Legislativa refleja el mayor nivel histórico de representación femenina: 28 diputadas en un Congreso de 57 miembros, gracias al principio de alternancia. A nivel municipal, aunque la cantidad de alcaldesas casi se triplicó entre 2020 y 2024, con 22 mujeres electas, el porcentaje sigue lejos del 50%.
Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), enfatiza que, aunque las normas avanzan, la cultura política mantiene resistencias: “La ley va por delante y la sociedad va por detrás. La democracia no se construye solo con normas; requiere ciudadanos que exijan igualdad en las instituciones”.
