El gobierno liberal presentó el miércoles una nueva versión de su proyecto de ley sobre seguridad fronteriza, eliminando la controvertida propuesta que habría facilitado a la policía canadiense el acceso a datos de internet de los ciudadanos sin una orden judicial.
No obstante, el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, afirmó que aún busca que los poderes de “acceso legal” y otros elementos del antiguo proyecto de ley C-2, que generaron preocupaciones sobre la privacidad, se analicen de manera independiente, mientras se priorizan los cambios relacionados con fronteras e inmigración bajo la nueva iniciativa, ahora denominada C-12.
“Desde el principio, he sido muy claro en que estamos abiertos a trabajar con las partes interesadas y todos los partidos para fortalecer la ley, asegurando un equilibrio adecuado entre las libertades civiles y la capacidad de las fuerzas del orden para cumplir eficazmente su trabajo”, declaró Anandasangaree tras la presentación en la Cámara de los Comunes.
El apartado de “acceso legal” en el proyecto original, conocido como Strong Borders Act, habría permitido a las autoridades solicitar datos de suscripción y transmisión de cualquier proveedor en Canadá sin necesidad de una orden judicial, bajo un umbral que expertos en privacidad consideraron peligrosamente bajo.
Defensores de derechos civiles y especialistas legales advirtieron que la redacción del proyecto significaba que cualquier proveedor de servicios en línea —desde telecomunicaciones hasta sitios de citas, contratistas privados o incluso terapeutas— podría estar sujeto a estas demandas, con escasos recursos legales para impugnarlas.
Michael Geist, profesor y titular de la Cátedra de Investigación Canadiense en Derecho de Internet y Comercio Electrónico de la Universidad de Ottawa, calificó la medida como “posiblemente uno de los mayores excesos que hemos visto por parte de cualquier gobierno en relación con la privacidad en Canadá”.
La policía canadiense ha solicitado la medida de acceso legal, y Anandasangaree la defendió como crucial para combatir depredadores en línea, pornografía infantil y delitos de explotación sexual, señalando que Canadá es el único país miembro de Five Eyes que no cuenta con estos poderes.
“Invito a todos a considerar los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden hoy en día”, afirmó. “Debemos ser claros: hay elementos de libertades civiles que requieren salvaguardas, pero también necesitamos consenso para contar con un acceso legal que proteja tanto a las víctimas individuales como los derechos de privacidad de los canadienses”.
Aunque el ministro asegura que los datos accesibles se limitarían a información básica de suscripción, expertos en privacidad advierten que incluso esos datos pueden revelar detalles personales que violarían los derechos de privacidad consagrados en la Carta Canadiense.
