La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida en la madrugada de este viernes (10.10.2025) de manera exprés por el Congreso de Perú, controlado por un grupo de partidos de derecha que la había sostenido desde que asumió el poder, en diciembre de 2022, y que ahora le quitó su respaldo con la mirada puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026.
Tras aprobar con 122 votos a favor la «permanente incapacidad moral» de la mandataria para hacer frente al crecimiento vertiginoso del crimen organizado en el país, la presidencia fue ocupada de manera interina por el presidente del Parlamento, el derechista José Jerí- siguiendo la línea legal de sucesión-, quien se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.
De esta forma, Perú vivió un nuevo capítulo de la convulsión política de larga duración que lo sacude desde 2016, período en el que ningún presidente ha podido completar un mandato completo, y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar.
La política más impopular de Latinoamérica
Los partidos que antes habían bloqueado seis mociones previas de destitución contra Boluarte y diversas denuncias de la Fiscalía por sospechas de corrupción y otros delitos, ahora, a seis meses de las elecciones, pasaron a promoverlas y a apoyarlas para tratar de congraciarse con un electorado que, con 94 por ciento de desaprobación, convirtió a la gobernante en la más impopular de América Latina, según un último informe de la encuestadora CPI. Sin embargo, el estudio confirmó que el Congreso tampoco goza del respaldo popular y obtuvo una cifra de rechazo similar.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la ahora expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú. La gota que derramó el vaso fue un tiroteo en un concierto de cumbia en Lima, el miércoles 8 de octubre.
Por ello, el giro en contra de Boluarte en el Parlamento fue tan drástico que el partido fujimorista Fuerza Popular, y Acción Para el Progreso (APP), del gobernador regional César Acuña, se vieron obligados a anunciar que apoyaría la destitución de Boluarte, pese a haber sido sus dos principales aliados.
¿Qué sigue después de la destitución?
Ahora será Jerí, un político de 38 años salpicado por una denuncia de violación que recientemente fue archivada, el que, de manera inesperada, empieza a llevar las riendas del país. En su primer discurso, el nuevo mandatario dijo que «el principal enemigo está afuera, en las calles; las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos, debemos declararle la guerra».
Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Las elecciones generales están previstas para el 12 de abril de 2026, pero algunas bancadas en el Congreso están pidiendo un adelanto de elecciones. Por otro lado, el ambiente en la calle sigue atizándose, y es probable que eso lleve a una protesta general para «que todos se vayan”, como dicen en sus pancartas, incluido el Congreso.
Sin embargo, especialistas coinciden en que un eventual adelanto de elecciones no sería viable en el contexto actual, pues el calendario electoral ya fue establecido. El proceso electoral ya está en marcha después de haberse cumplido los plazos legales correspondientes.
Por lo tanto, el nuevo presidente interino está obligado a respetar las fechas establecidas, salvo que el Congreso, en el marco constitucional, modifique legalmente ese calendario con los votos necesarios y los mecanismos correspondientes.
¿Y qué le espera a Boluarte?
Lo que ahora sí es seguro es que la Fiscalía dictó, la tarde de este viernes, 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta. Apenas Boluarte fue destituida surgieron rumores de asilo, pero su abogado personal, Juan Carlos Portugal, aseguró que la política no tenía intención de pedirlo ni de fugarse del país.
Boluarte enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción.
Entre los hechos que se le imputan está la muerte de más de 50 personas durante la represión de la ola de protestas que reclamaba nuevas elecciones tras la detención y encarcelamiento preventivo del expresidente Castillo, al que sucedió por ser su vicepresidenta tras protagonizar el izquierdista un fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022.
Asimismo, se la investiga por haber recibido supuestamente regalos lujosos, como relojes Rolex no declarados, por no informar de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas, y por encubrir presuntamente la fuga del líder del partido marxista Perú Libre, con el que ella y Castillo ganaron las elecciones de 2021.
Cabe recordar que, actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial en Lima. Castillo está recluido en el mismo recinto a la espera del juicio por su maniobra contra el Parlamento.
